La administración de Donald Trump pidió el viernes a la Corte Suprema autorización para reanudar la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de tiempos de guerra del siglo XVIII.
Batalla legal en los tribunales
La solicitud de emergencia surge después de que una corte federal de apelaciones en Washington rechazara la petición del gobierno republicano. En una votación de 2-1, un panel de jueces decidió mantener una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones bajo esta ley poco utilizada.
El Departamento de Justicia argumentó que los tribunales no deberían interferir en negociaciones diplomáticas sensibles y que los migrantes detenidos en Texas deberían presentar su caso en un tribunal federal de ese estado.
La orden que bloquea las deportaciones fue emitida por el juez James E. Boasberg, presidente del tribunal federal en Washington.
Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
El presidente Trump invocó esta ley por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, justificando la deportación de cientos de migrantes con base en una proclamación presidencial que califica a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora.
En el documento presentado ante la Corte Suprema, la procuradora general interina Sarah Harris advirtió que los fallos judiciales en contra del gobierno ponen en riesgo la seguridad nacional y afectan negociaciones exteriores.
Intervención de la ACLU y disputa judicial
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas, cuestionando la legalidad de sus deportaciones. El tribunal ha dado plazo hasta el martes para que la organización presente su respuesta.
El caso ha generado tensiones entre la Casa Blanca y los tribunales federales. Boasberg ordenó la suspensión temporal de las deportaciones y que los aviones con migrantes regresaran a EE.UU., pero esto no ocurrió. Ahora, el juez investiga si el gobierno desobedeció su orden.
La administración ha invocado el “privilegio de secretos de Estado” y se ha negado a proporcionar información adicional sobre las deportaciones.
Postura de la Corte Suprema y próximas decisiones
Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg, pero el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, respondió:
“La destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial.”
La Ley de Enemigos Extranjeros permite la deportación sin audiencia ante un juez, pero Boasberg falló que los migrantes deben tener derecho a impugnar su clasificación como presuntos miembros de pandillas.
La pausa en las deportaciones expira el sábado, pero la ACLU ha solicitado una extensión hasta el 12 de abril y planea buscar una suspensión más prolongada, mientras continúa la demanda.
Juez Frena Deportación de Migrantes a Terceros Países
Juez federal bloquea revocación del TPS para venezolanos