Tres inmigrantes demandan a ICE y a autoridades de Indiana por presuntos abusos en centro de detención

INDIANÁPOLIS, Indiana. — Tres inmigrantes detenidos en una prisión estatal presentaron una demanda contra ICE en Indiana. La acción también incluye a funcionarios estatales y denuncia presuntos abusos, falta de atención médica y condiciones de reclusión que, según sus abogados, vulneran sus derechos constitucionales.

La demanda, presentada el 29 de octubre, describe aislamiento prolongado y personas con enfermedades graves sin tratamiento adecuado. También menciona celdas inundadas con aguas residuales. Los demandantes sostienen que estas condiciones ponen en peligro su salud y su seguridad.

Las denuncias se refieren al Miami Correctional Facility, en Bunker Hill, a unas 60 millas (97 kilómetros) al norte de Indianápolis. El establecimiento alberga a inmigrantes detenidos por ICE gracias a un acuerdo entre el gobierno federal y el estado de Indiana.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bautizó inicialmente el centro como «Speedway Slammer». Usó ese apodo al anunciar su incorporación al programa federal de detención migratoria.

Los abogados presentaron la demanda, identificada como Vasenin v. Mullin, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Indiana. El caso lleva el nombre de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional y uno de los demandados.

A los demandantes los representan la ACLU de Indiana, la ACLU de Illinois, el National Immigrant Justice Center, el MacArthur Justice Center y el bufete Dunn Isaacson Rhee. Los abogados buscan convertir el caso en una acción colectiva que incluya a todas las personas detenidas en el centro.

Nueve semanas de aislamiento y denuncias de maltrato

Sergei Vasenin nació en Ucrania y llegó desde Rusia a Estados Unidos en octubre de 2022. Solicitó asilo y recibió un permiso humanitario de permanencia.

Según la demanda, agentes de ICE lo arrestaron en su casa en octubre de 2025 y lo trasladaron a Miami Correctional. Un año después, sigue detenido allí.

Vasenin asegura que pasó unas nueve semanas en aislamiento. Permanecía encerrado entre 23 y 24 horas al día en una celda fría.

Según el expediente, el confinamiento afectó gravemente su salud mental. Durante ese período empezó a hablar solo para sobrellevar el encierro y llegó a pensar en el suicidio en varias ocasiones.

Los abogados sostienen que el aislamiento prolongado no es un caso aislado. La demanda también describe restricciones de movimiento, uso excesivo de la fuerza y presuntos insultos racistas y xenófobos por parte de los guardias.

Además, señala que algunos detenidos pasan gran parte del día en celdas compartidas de unos cinco por once pies. Cada celda tiene un inodoro y un lavamanos metálicos.

Para los demandantes, estas prácticas tienen un carácter de castigo. Sostienen que eso es incompatible con su condición de detenidos por procedimientos civiles de inmigración.

Convulsiones, medicamentos y falta de intérpretes

Uno de los casos es el de Cynthia Acevedo, una mujer transgénero guatemalteca que padece epilepsia. ICE la detuvo en julio de 2026 y la envió a Miami Correctional, una prisión de máxima seguridad para hombres.

Acevedo denuncia que el personal médico cambió el tratamiento que usaba desde hacía años por otro menos eficaz. Según el expediente, además no recibe el medicamento de forma constante. Por eso sufre varias convulsiones cada semana.

Su idioma principal es el español. Afirma que con frecuencia no tiene intérprete en las consultas médicas, lo que le dificulta explicar sus síntomas y entender las indicaciones.

La demanda también señala que Acevedo denunció una agresión sexual por parte de otro detenido. Según sus abogados, las autoridades tardaron varios días en tomar su declaración. Tampoco le ofrecieron a tiempo los exámenes y tratamientos médicos que pidió.

El expediente recoge, además, denuncias de demoras en la atención de personas con heridas graves, enfermedades crónicas y problemas de salud mental.

Estas situaciones forman parte de las alegaciones de la demanda. Ningún tribunal las ha comprobado todavía.

Una celda inundada con aguas residuales

Kemoye Muslar, un inmigrante jamaiquino, es el tercer demandante. Asegura que estuvo diez días confinado y que, durante tres de ellos, su celda permaneció inundada con aguas residuales.

Según su testimonio, no le dieron materiales suficientes para limpiar. Tenía que moverse con cuidado para no tocar los desechos.

La demanda también describe baños en mal estado, acceso limitado a duchas y dificultades para conseguir artículos de higiene. Menciona, además, problemas con la comida y el suministro de agua.

Los abogados sostienen que estas fallas forman parte de un patrón. Según el National Immigrant Justice Center, la prisión ya pagó 1.2 millones de dólares en acuerdos a reclusos. Estos habían denunciado meses en celdas a oscuras, inundaciones con aguas residuales y cables eléctricos expuestos.

¿Por qué ICE utiliza una prisión estatal en Indiana?

Miami Correctional Facility es una prisión de máxima seguridad para hombres. La administra el Departamento de Corrección de Indiana.

En octubre de 2025, el estado comenzó a alojar a personas detenidas por ICE gracias a un contrato de dos años con el Departamento de Seguridad Nacional.

El acuerdo permite usar instalaciones penitenciarias del estado para mantener bajo custodia a inmigrantes mientras avanzan sus procesos migratorios.

Este punto es uno de los principales argumentos de la demanda.

La detención migratoria es de naturaleza civil. Por sí misma, no equivale a una condena penal. Una persona puede estar bajo custodia de ICE mientras se define su situación migratoria, aunque nunca haya sido condenada por un delito.

Según el expediente, ninguno de los tres demandantes tiene condenas penales en Estados Unidos.

Por eso, sus abogados argumentan que mantenerlos en condiciones de castigo, propias de una prisión, vulnera sus garantías constitucionales.

Dos muertes anteriores aumentaron la preocupación

El centro ya estaba bajo la lupa por la muerte de dos personas bajo custodia migratoria en 2026.

Lorth Sim, un ciudadano camboyano de 59 años, murió en febrero. Tuan Van Bui, un ciudadano vietnamita de 55 años, murió en abril.

En agosto, el hijo de Sim presentó una demanda contra ICE. En ella cuestionó la información que dieron las autoridades sobre la muerte de su padre.

Estos antecedentes aumentaron el escrutinio sobre la atención médica y la seguridad en el centro.

Sin embargo, esas muertes son un asunto distinto de las acusaciones de la nueva demanda. Esta no establece que las autoridades las hayan causado.

La responsabilidad de Indiana y del gobierno federal

La demanda señala como responsables a funcionarios federales y estatales. Entre los demandados también están ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.

Entre los funcionarios estatales figuran Lloyd Arnold, comisionado del Departamento de Corrección de Indiana, y Christopher Dixson. El expediente identifica a Dixson como director interino de Miami Correctional.

Los abogados sostienen que ambos gobiernos tienen obligaciones sobre la seguridad, las condiciones de reclusión y la atención médica de los detenidos.

La controversia también alcanza la supervisión del centro, porque el estado administra las instalaciones que usa ICE.

Katie Hickey, abogada de la ACLU de Illinois, afirmó que la detención migratoria no debe ser un castigo. Añadió que, en el caso de Miami Correctional, las condiciones son además peligrosas.

La demanda pide al tribunal que ordene a las autoridades dar una atención médica adecuada y corregir las condiciones denunciadas. También solicita medidas inmediatas para proteger a los detenidos.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

El expediente federal lleva el número 3:26-cv-01582. Incluye la demanda y una solicitud para que el tribunal certifique el caso como acción colectiva.

Los demandantes invocan la Quinta y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que protegen el debido proceso frente a las actuaciones del gobierno.

Cuando Associated Press publicó su primera cobertura del caso, el Departamento de Seguridad Nacional no había respondido a las acusaciones.

La demanda no significa que un tribunal haya confirmado las violaciones denunciadas. El proceso judicial deberá establecer los hechos y resolver lo que piden los demandantes.

Mientras tanto, el caso abre un nuevo frente de escrutinio sobre el uso de prisiones estatales para la detención migratoria. También pone el foco en las obligaciones de Indiana al aceptar bajo su custodia a personas detenidas por el gobierno federal.

Si tú o alguien que conoces está pensando en el suicidio, llama o envía un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis, disponible en español.IS, Indiana. — Tres inmigrantes detenidos en una prisión estatal presentaron una demanda contra ICE en Indiana, que también incluye a funcionarios estatales, por presuntos abusos, falta de atención médica y condiciones de reclusión que, según sus abogados, vulneran sus derechos constitucionales.

La acción judicial, presentada el 29 de octubre, describe situaciones de aislamiento prolongado, personas con enfermedades graves que no reciben tratamiento adecuado y celdas inundadas con aguas residuales. Los demandantes sostienen que estas condiciones ponen en peligro su salud y seguridad.

Las denuncias se refieren al Miami Correctional Facility, ubicado en Bunker Hill, aproximadamente a 60 millas (97 kilómetros) al norte de Indianápolis. El establecimiento alberga a inmigrantes detenidos por ICE mediante un acuerdo entre el gobierno federal y el estado de Indiana.

El centro fue denominado inicialmente «Speedway Slammer» por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un apodo utilizado al anunciar su participación en el programa federal de detención migratoria.

La demanda, identificada como Vasenin v. Mullin, fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Indiana. Lleva el nombre de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, uno de los demandados.

Los demandantes están representados por la ACLU de Indiana y la ACLU de Illinois, el National Immigrant Justice Center, el MacArthur Justice Center y el bufete Dunn Isaacson Rhee. Los abogados buscan que el caso se convierta en una acción colectiva que incluya a todas las personas detenidas en las mismas instalaciones.

Nueve semanas de aislamiento y denuncias de maltrato

Sergei Vasenin, nacido en Ucrania y procedente de Rusia, llegó a Estados Unidos en octubre de 2022, solicitó asilo y recibió un permiso humanitario de permanencia. Según la demanda, agentes de ICE lo arrestaron en su casa en octubre de 2025 y lo trasladaron a Miami Correctional, donde sigue detenido un año después.

Vasenin asegura que permaneció aproximadamente nueve semanas en aislamiento, encerrado entre 23 y 24 horas diarias en una celda de bajas temperaturas.

Según el expediente judicial, el confinamiento afectó gravemente su salud mental. Durante ese período comenzó a hablar consigo mismo para sobrellevar el encierro y llegó a considerar el suicidio en varias ocasiones.

Los abogados sostienen que el aislamiento prolongado no constituye un episodio aislado. La demanda describe restricciones de movimiento, uso excesivo de la fuerza y presuntos insultos racistas y xenófobos por parte de funcionarios penitenciarios.

También señala que algunos detenidos permanecen durante gran parte del día en celdas compartidas de aproximadamente cinco por once pies, equipadas con un inodoro y un lavamanos metálicos.

Los demandantes consideran que estas prácticas tienen un carácter punitivo incompatible con su condición de personas detenidas por procedimientos civiles de inmigración.

Convulsiones, medicamentos y falta de intérpretes

Entre los casos descritos en la demanda figura el de Cynthia Acevedo, una mujer transgénero guatemalteca que padece epilepsia y fue detenida por ICE en julio de 2026. Miami Correctional es una prisión de máxima seguridad para hombres.

Acevedo denuncia que el personal médico sustituyó el tratamiento que había utilizado durante años por otro menos eficaz para controlar sus convulsiones. Según el expediente, tampoco recibe el medicamento de manera constante, lo que le provoca múltiples episodios convulsivos cada semana.

La demandante, cuyo idioma principal es el español, afirma que con frecuencia no dispone de intérpretes durante las consultas médicas, lo que dificulta explicar sus síntomas y comprender las indicaciones del personal sanitario.

La demanda también señala que Acevedo denunció haber sufrido una agresión sexual por parte de otra persona detenida, y que las autoridades tardaron varios días en tomar su declaración y en ofrecerle los exámenes y tratamientos médicos que solicitó.

El expediente recoge además acusaciones de demoras en la atención de personas con heridas graves, enfermedades crónicas y problemas de salud mental.

Estas situaciones forman parte de las alegaciones presentadas ante el tribunal y todavía no han sido declaradas probadas.

Una celda inundada con aguas residuales

Kemoye Muslar, un inmigrante jamaiquino y el tercero de los demandantes, asegura que durante un período de confinamiento de diez días su celda permaneció inundada con aguas residuales durante tres jornadas.

Según su testimonio, no recibió materiales suficientes para limpiar el lugar y tuvo que desplazarse con cuidado para evitar el contacto con los desechos.

La demanda también describe baños en malas condiciones, acceso limitado a duchas, dificultades para obtener artículos de higiene y problemas relacionados con la alimentación y el suministro de agua.

Los abogados sostienen que estas deficiencias forman parte de un patrón. Según el National Immigrant Justice Center, la prisión ya había pagado 1.2 millones de dólares en acuerdos a reclusos que denunciaron meses en celdas a oscuras, inundaciones con aguas residuales y cables eléctricos expuestos.

¿Por qué ICE utiliza una prisión estatal en Indiana?

Miami Correctional Facility es una prisión de máxima seguridad para hombres, administrada por el Departamento de Corrección de Indiana.

En octubre de 2025, el estado comenzó a alojar a personas detenidas por ICE mediante un contrato de dos años con el Departamento de Seguridad Nacional.

El acuerdo permite utilizar instalaciones penitenciarias estatales para mantener bajo custodia a inmigrantes mientras se desarrollan sus procedimientos migratorios.

Esta situación constituye uno de los principales argumentos jurídicos de la demanda.

La detención migratoria es de naturaleza civil y no equivale, por sí misma, a una condena penal. Una persona puede encontrarse bajo custodia de ICE mientras se determina su situación migratoria, incluso sin haber sido condenada por un delito.

De acuerdo con el expediente, ninguno de los tres demandantes ha recibido una condena penal en Estados Unidos.

Sus abogados argumentan que mantenerlos bajo condiciones propias de un régimen penitenciario punitivo vulnera las garantías constitucionales que les corresponden.

Dos muertes anteriores aumentaron la preocupación

El funcionamiento del centro ya había sido objeto de cuestionamientos después de que dos personas bajo custodia migratoria murieran en las instalaciones en 2026.

Los fallecidos fueron identificados como Lorth Sim, un ciudadano camboyano de 59 años, que murió en febrero, y Tuan Van Bui, un ciudadano vietnamita de 55 años, que murió en abril.

En agosto, el hijo de Sim presentó una demanda contra ICE en la que cuestionó la información proporcionada por las autoridades sobre la muerte de su padre.

Estos antecedentes han incrementado el escrutinio sobre la atención médica y la seguridad de las personas detenidas en el establecimiento.

Sin embargo, las circunstancias de ambos fallecimientos deben distinguirse de las acusaciones formuladas en la nueva demanda. La presentación de este proceso judicial no establece que las autoridades hayan causado esas muertes.

La responsabilidad de Indiana y del gobierno federal

La demanda identifica como responsables a funcionarios federales y estatales, además de incluir entre los demandados a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional.

Entre los funcionarios estatales figura Lloyd Arnold, comisionado del Departamento de Corrección de Indiana, así como Christopher Dixson, identificado en el expediente como director interino de Miami Correctional Facility.

Los abogados sostienen que ambas administraciones tienen obligaciones sobre la seguridad, las condiciones de reclusión y la atención médica de las personas detenidas.

La controversia también alcanza la supervisión del establecimiento, ya que el gobierno estatal administra las instalaciones utilizadas por ICE.

Katie Hickey, abogada de la ACLU de Illinois, afirmó que la detención migratoria no debe ser punitiva y que, en el caso de Miami Correctional, las condiciones son además peligrosas.

La demanda busca que el tribunal ordene a las autoridades proporcionar atención médica constitucionalmente adecuada, corregir las condiciones denunciadas y adoptar medidas inmediatas para proteger a los detenidos.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

El expediente federal, identificado con el número 3:26-cv-01582, registra la presentación de la demanda y una solicitud para que el caso sea certificado como acción colectiva.

Los demandantes invocan protecciones de la Quinta y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, relacionadas con el debido proceso y las garantías frente a actuaciones gubernamentales.

El Departamento de Seguridad Nacional no había ofrecido una respuesta específica a las acusaciones cuando Associated Press publicó su cobertura inicial del caso.

La presentación de la demanda no significa que un tribunal haya determinado que las autoridades cometieron las violaciones denunciadas. Corresponderá al proceso judicial establecer los hechos y resolver las solicitudes de los demandantes.

Mientras tanto, el caso abre un nuevo frente de escrutinio sobre el uso de prisiones estatales para la detención migratoria y las obligaciones de Indiana cuando acepta mantener bajo su custodia a personas detenidas por el gobierno federal.

Si tú o alguien que conoces está pensando en el suicidio, llama o envía un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis, disponible en español.